El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado continuar como procedimiento abreviado la investigación contra cinco personas en una pieza separada del conocido caso de los ERE de la Junta de Andalucía, centrada en la concesión y pago de ayudas al Grupo ABB por importe superior a 5,2 millones de euros.
En su auto, fechado el 27 de mayo, el instructor aprecia indicios de que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, por lo que da traslado de las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas.
A partir de ahora, las partes disponen de un plazo de veinte días para solicitar la apertura de juicio oral mediante escrito de acusación, pedir el sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional, reclamar diligencias complementarias.
Cinco investigados continúan en la causa y tres quedan fuera
El procedimiento se mantiene abierto contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, dos beneficiarios considerados “intrusos” en las ayudas, y dos directivos de la mediadora Vitalia.
Sin embargo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional respecto a otros tres investigados al no apreciar indicios suficientes de participación en los hechos que se investigan. En su resolución, el magistrado subraya que no existen motivos sólidos que permitan atribuirles responsabilidad penal.
En el caso de dos representantes de la empresa, el instructor sostiene que no consta su implicación en la obtención o gestión de los fondos públicos cuestionados, señalando que su papel no habría sido relevante en la dinámica de concesión de las ayudas.
Ayudas vinculadas a prejubilaciones y reestructuración laboral
La pieza analiza las subvenciones concedidas entre 2003 y 2010 por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo andaluza, en el marco de la reestructuración laboral del Grupo ABB, multinacional dedicada a la ingeniería eléctrica y la automatización.
Según el auto, las ayudas se destinaron principalmente a financiar la cobertura económica de extrabajadores incluidos en dos expedientes de regulación de empleo, mediante seguros de rentas a partir de los 62 años. El importe global investigado asciende, al menos, a 5.276.694,26 euros.
El juez detalla que, además de trabajadores afectados por los ERE, también habrían sido incluidos como beneficiarios algunos empleados que no formaban parte de dichos expedientes o que ni siquiera mantenían relación laboral con la empresa en el momento de su inclusión.
“Subvenciones concedidas de forma arbitraria”, según la instrucción
En su relato, el magistrado apunta a la posible existencia de un sistema de concesión de ayudas “de forma arbitraria e injusta”, financiadas con fondos públicos de la Junta de Andalucía y articuladas mediante negociaciones verbales, al margen de los procedimientos administrativos ordinarios.
Asimismo, el instructor describe que el Grupo ABB habría articulado con los trabajadores un plan de prejubilaciones propio, acordado en el marco de los ERE, que posteriormente se habría visto complementado con ampliaciones gestionadas ante la Administración.
Próximos pasos judiciales
Con la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, la causa entra en una fase clave en la que Fiscalía Anticorrupción deberá decidir si formula acusación y solicita la apertura de juicio oral, o si interesa el archivo de las actuaciones.
La investigación se enmarca en una de las piezas separadas del macroproceso del caso ERE, considerado uno de los mayores procedimientos por corrupción política en la historia reciente de Andalucía, que continúa avanzando en distintos frentes judiciales.
