El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha informado de un nuevo giro en la investigación del accidente ocurrido en la senda costera de El Bocal, donde el colapso de una pasarela provocó la muerte de seis personas y dejó a una herida grave.
La titular del Juzgado de Instrucción n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha decidido ampliar la acción penal contra el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, que hasta ahora estaba investigado únicamente por su papel como director facultativo de la obra de la senda ejecutada en 2014 y 2015.
A partir de ahora, la investigación también se extiende a su responsabilidad como máximo responsable de la administración titular de la infraestructura, al considerar la instructora que debió haberse implantado un sistema de inspección, conservación y mantenimiento una vez abierta al público la senda, algo que no consta que se realizara.
Indicios de ausencia de control y mantenimiento
En el auto conocido este miércoles, la magistrada señala que las conclusiones de los peritos apuntan a la posible ausencia de un plan adecuado de conservación de la infraestructura una vez finalizada la obra.
Según recoge la resolución, los expertos coincidieron en que cualquier administración responsable de una infraestructura pública de estas características debe contar con protocolos de inspección periódica, seguimiento estructural y mantenimiento preventivo y correctivo, especialmente en entornos expuestos a agentes ambientales como el litoral cántabro.
Los peritos incluso tomaron como referencia sistemas de control aplicados en redes de carreteras y puentes peatonales de otras comunidades autónomas, donde se establecen inspecciones periódicas con calendarios definidos y revisiones técnicas recurrentes.
Posible relación con el deterioro de la pasarela
La instructora subraya que, tras la finalización de las obras y la apertura de la senda, no consta la existencia de ningún mecanismo de control o mantenimiento sobre la pasarela que posteriormente colapsó.
En este sentido, el auto apunta a que la ausencia de ese seguimiento “podría guardar relación causal con el deterioro estructural posteriormente producido”, una cuestión que deberá seguir siendo analizada durante la fase de instrucción.
La magistrada concluye que existen indicios suficientes para ampliar la acción penal, no solo por su papel en la dirección de la obra, sino también por sus funciones como responsable de la Demarcación de Costas en Cantabria, en tanto que administración titular de la infraestructura y, por tanto, con posibles competencias en su conservación.
Posibles recursos
La resolución no es firme y puede ser recurrida mediante reforma en un plazo de tres días o apelación en cinco.
La investigación continúa abierta para determinar las responsabilidades en uno de los accidentes más graves registrados en infraestructuras peatonales en la región en los últimos años.
