La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria acogerá el próximo martes 28 de abril de 2026, a las 10:00 horas, el juicio del Procedimiento Abreviado 3/2025, en el que se enjuicia a un acusado por presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.
El caso se centra en la supuesta creación de un entramado empresarial destinado a eludir el pago de cotizaciones sociales y dificultar la labor inspectora de la administración.
Un sistema de sociedades interconectadas bajo investigación
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre los años 2014 y 2017 el acusado habría diseñado un conjunto de sociedades de las que era administrador único, generando una estructura empresarial compleja que dificultaba el control de su actividad real.
Una de las empresas, dedicada formalmente al comercio de ferretería, pintura y vidrio, contaba con seis trabajadores dados de alta, pero no ingresaba las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y carecía de medios materiales reales para su actividad, como maquinaria o domicilio operativo.
Paralelamente, otras sociedades vinculadas al mismo entorno empresarial habrían desarrollado actividades como la fabricación de fertilizantes, hormigón, yeso y cemento, así como la comercialización de productos para el sector agroganadero, aunque sin trabajadores ni estructura propia.
Para la Fiscalía, este sistema habría generado una “opacidad deliberada” destinada a dificultar la labor de inspección y recaudación de la Seguridad Social.
Cuantías presuntamente defraudadas y peticiones de condena
El Ministerio Público cifra las cuotas eludidas en 167.000 euros, y solicita para el acusado:
- 3 años de prisión
- 501.156 euros de multa
- 5 años de inhabilitación para obtener subvenciones, ayudas públicas o incentivos fiscales o de la Seguridad Social
- Indemnización de 167.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social
La acusación particular eleva la gravedad del caso
La Tesorería General de la Seguridad Social, que ejerce la acusación particular, considera que los hechos van más allá del fraude a la Seguridad Social y los encuadra también en delitos de fraude fiscal y contra los derechos de los trabajadores.
En su escrito, describe la estructura empresarial como una “pura ficción jurídica” sin respaldo real en el ámbito laboral, y sostiene que la actividad económica se desarrollaba de forma simultánea en una misma nave, con trabajadores que realizaban funciones para distintas sociedades.
En este sentido, solicita:
- 6 años de prisión
- 375.697 euros de multa
- 8 años de inhabilitación para ayudas y subvenciones públicas
- Indemnización de hasta 1.068.123 euros, o subsidiariamente 167.000 euros por el periodo investigado
Un procedimiento que se prolongará varios días
El juicio continuará durante tres jornadas consecutivas, en las que se prevé la práctica de pruebas y la declaración de las partes implicadas.
