La jueza instructora del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) ha prohibido el acceso de personas ajenas a la investigación a un tramo de dos kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en ambos sentidos. La medida tiene como objetivo preservar las pruebas y los indicios que puedan resultar determinantes para esclarecer las causas del siniestro.

La decisión ha sido adoptada esta tarde mediante una providencia por la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), según ha informado el Poder Judicial.

La restricción afecta a toda la zona del siniestro y limita el acceso exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los equipos de salvamento y sanitarios, y el personal judicial autorizado.

Además, la jueza ha prohibido expresamente la retirada de cualquier elemento del lugar del accidente, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada.

Las cajas negras, bajo custodia de la Policía Judicial

Entre las decisiones adoptadas por la instructora figura también la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que sean localizadas, para su posterior análisis.

Estos dispositivos pueden aportar información relevante para reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

La investigación se extiende al centro de control de Atocha

La jueza ha ordenado asimismo a la Policía Judicial que se persone en el centro de control de Atocha para recabar información sobre la circulación ferroviaria en la zona del siniestro.

También deberá obtener un informe de la comisión de investigación de ADIF que identifique a las personas responsables del control de mando en el momento del accidente.

En otra actuación, la instructora ha requerido a la Policía Judicial de Toledo que recopile información de ADIF sobre los protocolos de actuación aplicables durante los minutos previos al accidente, en el momento en que se produjo y en los instantes posteriores.

Estas diligencias buscan reunir información que permita reconstruir la secuencia de los acontecimientos y esclarecer las circunstancias del siniestro.

Secreto de sumario

Por último, la jueza ha decretado el secreto de sumario de las actuaciones. Esta medida implica que las diligencias quedan sometidas a reserva durante la fase de investigación, con el alcance previsto legalmente.

Las decisiones adoptadas refuerzan la preservación de la zona del accidente y de las pruebas que puedan contribuir a determinar qué ocurrió en Urda. La investigación judicial continúa abierta.

Fuente: Comunicación del Poder Judicial.